La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consideró este jueves como "un golpe" a la implementación del acuerdo de paz de 2016 el asesinato de varios desmovilizados de las antiguas FARC, presuntamente a manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de enfrentamientos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. 

"La JEP rechaza y condena los ataques violentos ocurridos en la zona del Catatumbo, en los que fueron asesinados civiles, el compareciente ante esta Jurisdicción Jhan Carlos Carvajalino Quintero, y los firmantes de paz Yurgen Martínez Delgado, Albeiro Díaz Franco y Pedro Rodríguez Mejía", expresó la JEP en un comunicado.

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Ese tribunal, creado por el acuerdo firmado con las FARC, agregó que esos asesinatos son "un golpe a la implementación del Acuerdo Final y a la paz que los colombianos anhelan", por lo que insistió en "la necesidad de ofrecer protección integral para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes dejaron las armas y siguen cumpliendo lo pactado en La Habana", donde se negoció la paz.

El Catatumbo, una región pobre y selvática, está formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en los que operan el ELN, disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y otras bandas que se disputan el control de los cultivos de coca y de los corredores para el narcotráfico.

Imágenes divulgadas en redes sociales por habitantes de varios caseríos del Catatumbo muestran enfrentamientos en las calles, mientras otros han denunciado que guerrilleros del ELN sacaron de sus casas a varias personas cuya suerte se desconoce.

De los cuatro firmantes de paz que está confirmado que perdieron la vida, Albeiro Díaz Franco y Yurgen Martínez fueron asesinados en una zona rural de Teorama; Jhan Carlos Carvajalino fue muerto en Convención, y Pedro Rodríguez Mejía fue asesinado en El Tarra.

En sentido, la JEP recordó que Carvajalino Quintero "suscribió su acta de compromiso y sometimiento ante la JEP en abril del 2018 y recibió el beneficio de amnistía administrativa concedida mediante el decreto presidencial en julio de 2017, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz".

"La JEP hace un llamado especial a las autoridades competentes para que desarticulen los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios", concluyó ese tribunal.

EFE